Leopoldo Luis García

Estados Unidos no puede seguir recibiendo a inmigrantes cubanos. No lo digo yo, lo dice Marco Rubio, senador por el estado de Florida y ex aspirante a la candidatura presidencial republicana. Sus declaraciones no tendrían nada de excepcional si no fuera porque Rubio (que de rubio no tiene más que el apellido) no proviene de una linajuda familia anglosajona, sino de humildes padres cubanos que abandonaron su patria para escapar del totalitarismo.

No es primera vez que el discurso del político cubanoamericano desata las pasiones en partidarios y detractores. Los primeros argumentan que, en primer término, el legislador se debe a sus electores (y no todos nacieron en Cuba ni favorecen la continuidad de una política que hace tabula rasa con los emigrados isleños, para bautizarlos como perseguidos políticos por el único hecho de abandonar su tierra). Los segundos se sienten traicionados, ante la falta de solidaridad de quien a todas luces es considerado un compatriota (aunque no lo sea).

Exhumar el cadáver histórico de la llamada Acta de Ajuste Cubano (Ley Pública No. 89-732 de 2 de noviembre de 1966), no arrojará nuevas luces sobre un dilema que divide de manera coyuntural a la comunidad hispana. Sin embargo, las cifras que parecen inquietar a Marco Rubio podrían no tener el significado que él mismo les atribuye. Salvo en grandes oleadas, como las del puente marítimo del Mariel o la crisis de los balseros en Guantánamo, los cubanos han estado llegando de manera continua a territorio estadounidense desde los primeros meses de 1959. En su momento más álgido (entre abril y octubre de 1980), su número rebasó los ciento veinticinco mil. En ninguna estampida posterior (incluyendo la de 1994), desertaron tantos renegados del paraíso insular. Los acuerdos de septiembre de ese año representaron un freno destinado a “asegurar que la migración entre los dos países fuera segura, legal y ordenada”.

El panorama, sin embargo, cambió de manera radical tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro. Desde principios del 2015, los naturales de la Isla ya no escatimaron vías para dar el salto definitivo: desde el peregrinaje centroamericano hacia la frontera con México, hasta la aventura marítima en el estrecho de Florida. A merced de coyotes o sobre balsas precarias. La cuestión es salir. Huelga mencionar las razones: el acercamiento oficial entre las dos naciones es percibido por buena parte de la población como el comienzo del fin de una era, en la que —como última opción— siempre quedaba Miami. Ya no se trata de escapar, sino de escapar a tiempo: la Ley de Ajuste agoniza.

Para 1965 habían llegado a Estados Unidos poco más de 250,000 cubanos (el gobierno de la Isla habla de unos doscientos setenta y cinco mil), para ese entonces sin estatus legal. No sobra decir que entre 1966 y 1967 fueron expulsados más de 110,000 indocumentados, en su mayoría provenientes de México y Centroamérica. A los cubanos, “víctimas de la persecución en el único país comunista del hemisferio”, se les permitió quedarse. El Acta de Ajuste les abría un camino para “ajustar” su situación y solicitar la residencia permanente. Desde entonces, han sido invocados sus preceptos por más de un millón de mis connacionales. De continuar el ritmo actual, cerca de 100,000 pisarían suelo estadounidense antes de que termine el 2016. Datos ofrecidos por el Grupo de Trabajo sobre Inmigración y el Futuro de Estados Unidos, indican que 1.8 millones de migrantes llegan al país cada año, incluyendo a los que entran de manera legal y se quedan sin la autorización correspondiente. Menos del cinco por ciento son cubanos.

Entonces, la pregunta que todos se hacen no es cómo detener su flujo, sino cuándo retirarles la ayuda económica que reciben al amparo del programa de refugiados. Esos privilegios constituyen la verdadera “molestia”, aunque el razonamiento conduce a una dicotomía singular. Veamos por qué.

De una parte: la tiranía se aferra al poder con la eficacia de las primeras décadas y a quienes parten rumbo a la libertad habría que hacerles espacio bajo el paraguas generoso del “exilio”.

De la otra: no estamos en 1966. Ha transcurrido medio siglo y quienes ponen proa al norte regresan al sur en cuanto regularizan su estatus, para convertirse en ciudadanos de nueva clase, con derechos en ambas orillas. Un pie en Hialeah y el otro en Guanabacoa.

Entre ambos grupos pugnan por sobrevivir varias generaciones que han perdido hasta la última gota de esperanza.

Sea como sea, los cubanos del siglo XXI tendrán que prepararse para afrontar el nuevo reto: el de su entrada a un país que se apresta a recibirlos como a cualquier extranjero. Los sellos de alimentos, el cheque de ayuda y la cobertura del Medicaid podrían ser cosa del pasado, más temprano que tarde. La realidad, con su infinita gama de matices, suele ser más rica que cualquier ordenación jurídica. Es probable que, en su exquisita obsolescencia, termine por desaparecer la propia Ley de Ajuste y acabe sus días en el museo virtual de alguna biblioteca universitaria. Normas que en su tiempo favorecieron el exilio de soviéticos, checoslovacos o húngaros, hoy son pasto del olvido.

Al engendro le quedaría una sola oportunidad de supervivencia: ajustarse a sí mismo. La condición de refugiado (como la de asilado) pasa de ser convicción personal para implicar persecución verídica; temor a que se nos reprima por razones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Ese temor tiene que ser fundado —y en su momento demostrado— sin importar quién nos lo induzca.

Tal es el precio que imponen el abuso y el desparpajo. Será menester pagarlo, so pena de que mañana recaiga sobre aquellos cuya única alternativa de salvación es el destierro.

Fuente: univision